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Por Stella Álvarez

Esta semana estuvimos conversando con Kourtnii Brown, una de las fundadoras y directivas de la Alianza de California para el Compostaje comunitario. Hablamos sobre una ley aprobada en el Estado de California en Estados Unidos, que nos invita a hacer del planeta un mejor lugar, y sobre todo a hacerlo, desde nuestra casa. Esta Ley busca que el 75% de los residuos orgánicos producidos en las casas y locales de ciudades como Los Ángeles, San Francisco o San Diego, se conviertan en el compostaje que usarán los agricultores del estado de California para la producción de alimentos. Algunos han llamado a este nuevo producto, es decir al compostaje casero y comercial, el “Oro café”.

El compostaje se produce con los residuos orgánicos de los hogares y los locales comerciales como por ejemplo cáscaras y semillas de frutas, verduras, plátanos, residuos de comida, hojas caídas de los árboles o césped podado en los jardines; Kourtnii nos dice con total convicción: “hablando de residuos orgánicos, si estuvo vivo alguna vez, volverá a estarlo”. Estos productos orgánicos se separan del resto de la basura, se depositan en recipientes especiales y se conservan bajo ciertas temperaturas y condiciones, para que no produzcan malos olores o mosquitos y para que el resultado sea un compostaje útil en el cultivo de alimentos.

Esta Ley entró en vigencia este 2022 y es revolucionaria en todo el sentido de la palabra. En primer lugar y salta a la vista, tiene la ventaja de cambiar el uso de productos sintéticos químicos por productos orgánicos para alimentar los suelos destinados a la producción de alimentos. Los residuos orgánicos aportan nutrientes naturales y contienen los microbios necesarios para la fertilización y regeneración de los suelos. Además, como se sabe, los residuos orgánicos de los hogares y de locales comerciales son responsables por el 50% del gas metano de la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero. Darles un tratamiento sostenible alivia la salud del medio ambiente.

Pero la novedad de la Ley también está en sus aspectos sociales. Su espíritu comunitario la hace diferente. Se propusieron que la salida al problema de los residuos y del agotamiento de los suelos no fuera de naturaleza industrial, como ha sucedido en muchos países, en donde una gran empresa dispone, aprovecha y comercializa los residuos orgánicos. Kourtnii nos dice: “Con las estrategias industriales, muchas veces los residuos se colocan cerca de comunidades de bajos recursos y la congestión de camiones puede empeorar los problemas ambientales como la calidad del aire. También puede empeorar los problemas de justicia social. Por ejemplo, cuando exportan sus “desechos” a otra comunidad en vez de usarlos para algún beneficio de la propio”. Con la Ley de California el propósito es que sean las organizaciones comunitarias locales las que administren y dirijan los lugares necesarios para la logística del programa y se beneficien de los recursos económicos obtenidos. Las comunidades representadas por sus organizaciones como por ejemplo la Alianza de la que Kourtnii participa, son las que deciden cómo se recoge el compostaje, se almacena y se transporta. Ellas además realizan un intenso trabajo educativo virtual y presencial para que personas en sus hogares, instituciones, o en los locales comerciales puedan aportar al éxito de la iniciativa.

La ley es ambiciosa en sus metas: esperan que en el año 2025 de los 26 millones de libras de desperdicio orgánicos que  anualmente son producidas por los hogares y establecimientos comerciales del estado de California, el 75% (20 millones) sean compostadas. A pesar de sus exigentes metas, compostar no es obligatorio para las personas en sus hogares ni para propietarios de locales comerciales. La ley invita, persuade. Para quienes sí es mandatoria, es para los gobiernos de las grandes ciudades y de los pequeños municipios. Ellos deben garantizar que existen los mecanismos necesarios, para la logística y demostrar el cumplimiento del porcentaje de compostaje respectivo.

La ley de compostaje comunitario de California es un esfuerzo colectivo en donde cada eslabón: los hogares, las organizaciones sociales, las administraciones locales, tiene un compromiso. Sin la participación de cada uno la iniciativa puede fracasar. Pero los beneficios también son colectivos, son muestra de una nueva economía social y ambientalmente sostenibles.

Escucha la entrevista traducida al español aquí:

Escucha la entrevista completa en inglés aquí:

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Por Stella Álvarez

Arash Derambarsh es un abogado francés que inició, tal vez sin planearlo, lo que sin duda ha sido una revolución en el campo alimentario. En el año 2014 siendo concejal de Courbevoie, un municipio del noroeste de París, repartió durante más de un mes los alimentos en buen estado que botaba un supermercado de la región. Su acción no pretendía quedarse ahí. Buscaba llamar la atención sobre el hambre que sufren muchas personas en su municipio, además de confrontar ese sufrimiento con el descomunal desperdicio de alimentos que producen los supermercados, restaurantes y granjas procesadoras de frutas y verduras.

Después de esta primera acción Arash emprendió una campaña por medios digitales y redes sociales con los mismos objetivos. Todo su trabajo ayudó  a impulsar la aprobación, por parte del parlamento francés de una ley que tiene un objetivo revolucionario: declarar ilegal el desperdicio de alimentos y transformar radicalmente la manera como se concibe el manejo de la comida al interior de las instituciones. A partir de esa ley se ha sensibilizado a la comunidad sobre un problema que enfrentan la mayoría de países del mundo y es la enorme cantidad de alimentos que se tiran a la basura porque no se venden en los supermercados y que constituyen un doble problema: son una de las principales fuentes de contaminación del planeta y cuestionan la ética de una sociedad opulenta que por un lado produce más alimentos de los que requiere y por otro, condena al hambre a quienes no pueden pagar por ellos.

La ley francesa en concreto obliga a los supermercados que tengan un área igual o mayor a 400 m2  a desarrollar convenios con organizaciones no gubernamentales y con bancos de alimentos para donarles los productos que están próximos a vencerse y no se vendieron. Quienes incurran en violar esta determinación son multados por una cifra que arranca en los 10 mil euros. La ley también prohíbe a los supermercados deteriorar intencionalmente los alimentos que están próximos a vencerse, que es una práctica muy difundida en estos negocios. Esta ley tuvo un efecto dominó y otros países europeos aprobaron leyes con contenidos similares, cada vez con propuestas más audaces que incorporan nuevas herramientas sociales y tecnológicas. Es el caso de Alemania, Inglaterra, Italia y Dinamarca. Una de las propuestas más novedosas es la de España, donde se aprobó una ley que tiene un componente adicional: obliga a los restaurantes a entregar a cada cliente una “bolsa de los perros” para depositar en ella lo que no consumieron para que alimenten sus animales domésticos.

Las leyes europeas están siendo un ejemplo a nivel mundial y cada vez hacen parte de paquetes de iniciativas que traspasan el ámbito alimentario para integrarse al proceso de lucha contra el cambio climático y apoyo a la transición energética.

Estas iniciativas legislativas tienen un contenido profundo: sus efectos sociales y ambientales son evidentes, además rompen con la inercia de pensar que después de pagar por ellos, los alimentos son propiedad individual con la que cada uno de nosotros está en libertad de proceder según su propio criterio. Es un llamado a la solidaridad, a la racionalidad para no comprar más de lo que necesitamos y a amar al planeta que nos proporciona esos alimentos.


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